Hoy la portada de «El Mundo» recoge que «solo» 8.000 personas asistieron a la manifestación del Primero de Mayo en Valencia. En la actualidad, podemos encontrar tres baremos distintos a la hora de medir los asistentes a una protesta: el de los convocantes, el de las autoridades policiales y el que ofrece la empresa de mediciones «Lynce». En este ultimo es en el que se apoya el periódico madrileño, que obvia,sin embargo, la cifra de 20.000 asistentes que proporcionan los organizadores.
Echando la vista atrás, encontramos que la portada del 10 de abril de este periódico subrayaba la manifestación de las víctimas de terrorismo en Madrid contra la política del Gobierno. En esta ocasión, la única medición que muestra la portada del diario es la de la organización del acto, que situaba la cifra de asistentes en 200.000, dejando fuera esta vez la valoración de la empresa Lynce, que cuantificaba los asistentes en 18.000.
Sería interesante que el periódico conservador decidiera unificar su criterio a la hora de destacar en sus portadas el numero de asistentes a una manifestación, ya sea utilizando siempre el mismo tipo de fuente, o bien, reflejando las distintas mediciones.
¿Que tienen en común dos periódicos en principio tan distintos como Ara y ABC? En general ambos son periódicos de marcada ideología que poco se molestan en disimular, cuando no hacen bandera. Dentro de esa ideología, ambos parecen poner por encima de todo lo que cada uno considera su patria. Hoy, además, coinciden en otra cosa: han decidido dedicar su portada al Barça- Madrid.
¿Por que dos de los periódicos que menos esconden sus idearios deciden darle tanta importancia al fútbol? Quizás porque quieren ver mas allá. Quizás porque les gusta ver el partido como un enfrentamiento España-Cataluña. ABC habla de «batalla final» y Ara remarca que el Barça juega con «12 hombres de la casa». No parece casualidad.
Si de por sí, el fútbol provoca enfrentamientos, ¿que necesidad hay de que algunos medios busquen llevar esas peleas mas allá? ¿Buscan estos medios establecer bandos? Parece que si, el de los catalanes de bien que deben de ir con el Barca y el de los españoles de bien que deben apoyar al real Madrid. Difícil adivinar cual es la manida función social del periodismo en este caso. A menos que se considere social enfrentar aún mas a las personas.
El día 17 se cumple un mes desde que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobase la zona de exclusión aérea sobre Libia. Pero casi 30 días después no parece que el conflicto esté por finalizar. Al menos no por la vía de las armas.
Ayer conocíamos que el régimen libio aceptaba la hoja de ruta propuesta por la Unión Africana que permitiría un alto el fuego en el conflicto. Sin embargo los rebeldes del «Consejo nacional de transición» se muestran escépticos. Poco o nada se sabe de este “Consejo Nacional”. No sabemos a qué ideología se adscribe, ni a que religión. No sabemos si abogan claramente por un régimen democrático y laico ni sabemos de dónde han sacado sus armas.
¿Puede un grupo de insurgentes, que uno se imagina más cercano a aquellos maquis españoles escondidos entre las montañas, fusil en mano y cigarro en boca, mantener un cazabombardero MIG-23 como el interceptado por las fuerzas de la OTAN en el inicio del conflicto? No sabemos nada. Ni sabemos nada de las víctimas. Bueno, de las víctimas sí, pero solo de las ocasionadas por la OTAN al bombardear por error a los rebeldes.
Sin entrar en sentimentalismos sobre vacaciones truncadas, familias separadas y noches en vela en los aeropuertos, lo ocurrido estos dos últimos días con los controladores aéreos se enmarcaría dentro de lo patético y lo ruin. Patético porque resulta increíble que en una democracia occidental, un pequeño grupo de profesionales pueda paralizar un país y provocar que el gobierno recurra al ejército y al estado de emergencia. Ruin por el egoísmo mostrado por un pseudo-sindicato y por la nueva muestra de desfachatez de una oposición empeñada en alcanzar el gobierno “cueste lo que me cueste”.
El viernes Mariano Rajoy decidía, por fin, levantarse de la cama y, aún en pijama, con la babilla colgando y legañas en los ojos, encendía su puro para ofrecernos otro capitulo de su miniserie en Internet. Esta vez el líder del PP, tras el éxito de su vídeo circulando en coche sin cinturón de seguridad, se hacía pasar por un pobre “currela” que compra billetes de avión “low-cost” y, por culpa del gobierno, ve como los pocos días de vacaciones de los que disfruta al año, se estropean. Al mismo tiempo, González Pons, comparecía para volcar culpas sobre el ejecutivo sin mucho mas argumento que el “por que sí”. No quiere recordar el responsable de comunicación del PP que toda esta situación deriva del convenio que firmó su gobierno en 1999 con los controladores. Pero esos eran otros tiempos. Tiempos en que valía todo.
Tras esta crisis son muchos los que se llenan de testosterona y piden las cabezas de los controladores. Piden mano dura como si con eso se solucionara todo. No. No les demos más protagonismo del que tienen. No dejemos que se sientan importantes. Los controladores tienen que ser tratados como cualquier otro colectivo, teniendo en cuenta, eso si, la importancia de su trabajo, su carga de responsabilidad y su esfuerzo. Y eso se debe recompensar económicamente. Lo que no se puede permitir es la “trampa” de las horas extras y, sobre todo, su monopolio en la elección y formación de los nuevos controladores. Y todo esto comenzó en 1999.
Soy hijo de funcionarios. No voy a engañar a nadie. De hecho, creo que no tengo ningún familiar directo que no sea funcionario. Tampoco es extraño. En esa tierra árida en la que supuestamente vivimos fenomenal gracias al dinero de los demás, no existe apenas la empresa privada. Allí, el que no es capaz de hacerse funcionario ya puede tener muy buenas amistades o emigrar.
Zapatero, en un alarde de cobardía y de nula planificación ha decidido bajar un 5% por ciento el sueldo a los funcionarios públicos para después congelarlo. “Que se fastidien los funcionarios” piensan muchos. “Trabajan poco y cobran mucho” se oye decir. Lo típico. El berrinche del frustrado.
Nos han convencido de que los funcionarios viven mejor que los asalariados. Han conseguido que tengamos envidia de ellos, y que constantemente les incluyamos en nuestras quejas en una especie de, con perdón, “o follamos todos o la puta al río”. No se si es que a nadie se la ocurrido pensar que el problema no es que los funcionarios vivan muy bien, el problema es que los asalariados viven muy mal. Nadie ha pensado que la lógica del trabajo digno es la que se promueve desde la administración: horarios que permitan la conciliación familiar ( o dicho de otra forma: “vivir”) junto a un sueldo digno y asegurado que te permita afrontar, sin agobios, el futuro a corto y medio plazo.
El asalariado se queja. Lo he visto. He sido un asalariado más compartiendo preocupaciones con señores de 40 años cargados con hipoteca e hijos. El asalariado se queja de horarios excesivos y de sueldos poco acordes con el trabajo desempeñado. No le falta razón. En absoluto. Lo he vivido. Desde la frustración, el asalariado pone la mirada sobre los funcionarios y les corroe la envidia. Solución: hagan ustedes una oposición. No es tan difícil.
Habrá aún asalariados a quiénes esta solución no les convenza. Lógico. Años de estudios e interinidades lejos del circulo de vida elegido no es plato de buen gusto para nadie. Menos a ciertas edades. ¿Que queda entonces? Atajar la raíz del problema. Y la raíz está muy cerca. La raíz del problema es el sistema empresarial que obliga al asalariado a esta precariedad. Son los empresarios los que aprovechándose de esta precariedad se han enriquecido y han provocado esta crisis. No han sido los funcionarios. Pueden entonces los asalariados seguir quejándose durante las sobremesas de esas comidas de 7 euros en el Bar Manolo, pagadas en parte con los ticket restaurante, de lo bien que viven los funcionarios. Pueden seguir quejándose o pueden empezar a exigir lo que merecen dentro del oficio que han elegido. Pueden empezar a exigir vivir como los funcionarios.
Se habla de reforma laboral. Mejor dicho, los empresarios hablan de reforma laboral. La única reforma laboral que debe llevarse a cabo es que la que permita a los trabajadores ejercer su labor en unas condiciones horarias y monetarias dignas. Condiciones de las que ya disfrutan los funcionarios. Ojo, esa reforma no la van a promover ni los empresarios ni el gobierno. La tendrán que exigir ustedes mismos.
Mientras, un falso socialista se aprovecha de las frustración de los asalariados y de las envidias que despiertan los funcionarios para cargar el muerto de la crisis sobre los trabajadores públicos. Zapatero ha decidido, con perdón, “tirar la puta al río”. Mientras, los asalariados le ríen la gracia, frustrados, sabiendo que no van a follar nunca, pero alegrándose de que los demás tampoco follen. Ustedes sabrán.
[Este artículo corresponde al ejercicio del 21 de abril de la asignatura Redacció Periodística de la Licenciatura en Periodismo de la UPF]
En el país del capitalismo, donde el dinero es un valor fundamental, el derecho inalienable de todo ciudadano a tener un arma sólo puede entenderse en términos monetarios. El mantenimiento de este privilegio ya no se puede justificar bajo la necesidad de defenderse del Estado, de los indios apaches o de los comunistas. Sólo cabe pensar que son los beneficiarios del lucrativo negocio que se genera alrededor del armamento los que mantienen esta situación. Y no hay que pensar sólo en los fabricantes de armas propiamente dichos. Según un estudio de 2001 realizado por el American Council for Life Insurance a finales de 2000, en Estados Unidos había en vigor 183 millones de pólizas de seguro de vida parciales, así como 132 millones de pólizas de seguro de vida total. Éstas proporcionan unos ingresos anuales de algo menos de 130.000 millones de dólares. Por su parte, Jean Lemaire, profesor de Seguros y Ciencia Actuarial de Wharton (Universidad de Pensilvania), estima que los costes médicos anuales totales por heridas relacionadas con las armas podrían ser de 2.300 millones de dólares y cifra en 2.400 millones de dólares los costes para administrar la justicia penal consecuencia de muertes por arma de fuego, incluyendo los costes de encarcelación.
Las armas de fuego, pues, dan de comer a mucha gente. Pero no sólo a los agentes de seguro, a los médicos o a las enfermeras. El departamento de policía de Los Ángeles, por ejemplo, mantiene un presupuesto anual de 1.400 millones de dólares. Es fácil deducir que, sin armas de fuego, los policías tendrían menos trabajo. Las armas son en Estados Unidos un eje más de su economía, igual que en España lo es el turismo. El desmantelamiento del arsenal personal de los estadounidenses supondría con toda seguridad un perjuicio importante en su economía, igual que lo supondría para España que nuestros estimados colegas británicos y alemanes cambiaran de repente sus vacaciones en la península por un descanso anual en las islas griegas. Es necesario pensar más allá de la falacia de la seguridad personal. Las armas en Estados Unidos no desaparecen porque generan riqueza. Es uno de sus pilares económicos. Igual que lo es el sistema sanitario. Y el que intente cambiarlo, como mucho, lo cambiará para dejarlo igual. Igual que le ha pasado a Obama con la sanidad.
El jueves comentaba por teléfono con mi padre el articulo que había escrito ese día para la CNA. Se trataba de un pequeño texto informativo acerca del caso Gürtel. Mi padre es una persona normal, de clase media, cabal, y en contacto con la actualidad como tantos otros habitantes de este país. Es por eso que me fío de su opinión como termómetro de los pensamientos y preocupaciones de la mayoría de la gente. Al hablarle sobre el texto que había escrito me mostró su enfado con la situación en concreto y con la clase política en particular.
En esa linea leo, vía meneame.net, un blog donde el autor prevé que el PP ganará las elecciones y se queja de que el caso Gurtel no sirva para cambiar el voto de los confiados votantes populares. Lo achaca a que el español vota por tradición. Y por tradición votarán a Mariano Rajoy. No dudo que haya una parte de eso, pero creo que hay que ir un poco mas allá.
Un poco mas allá va Gonzalo López Alba en el diario Publico. El periodista rescata las impresiones de su compañero José Luis de Zárraga sobre el publiscopio del pasado domingo del que se desprende que el 12% de los encuestado que van a votar al PP en las próximas elecciones, lo va a hacer a pesar de reconocer que el PP se ha financiado irregularmente. Zarraga lo atribuye a “la conjunción de la fortaleza del lazo que une la decisión del voto con la adscripción ideológica a un partido y la ausencia de una alternativa sólida”.
Quizás el problema es que hemos asumido que los políticos son un casta distinta, corrupta por naturaleza y que no tiene solución. Les necesitamos para que nos gobiernen, y que roben, es un mal menor al que no podemos enfrentarnos. No se si es este el pensamiento de los ciudadanos, pero podría ser que así lo crean los políticos. De ahí el enfado del Gran Wyoming en su columna de hoy Domingo, donde se pregunta “¿Cuánto hay que robar y cuántos deben hacerlo para que les salten las alarmas?” y donde afirma que Matas, otro corrupto, “Debe entender el latrocinio y la corrupción como un derecho por el que no debería ser juzgado”.
Mi padre, durante la conversación que explicaba al principio, me contaba que Adolfo Suarez fue a ver al Rey, en el momento en que este lo nombraba Presidente del Gobierno, conduciendo su propio Seat 127. Ahora es raro el concejal, diputado nacional o de cortes autonómicas al que no llevan en el asiento de atrás de un bonito Audi. Seguramente todos pensamos que esto no es algo de recibo, pero todos nos contentamos con demostrar nuestro enfado comentándolo con los amigos en el bar, o con nuestros hijos. El problema es que nadie sabe como cambiar esto. Porque saben que votar a otra fuerza política no garantiza un cambio. Porque creen que todos son iguales. Así, nadie se sorprende de que se destape uno de los mayores casos de corrupción de la democracia, y que en el partido afectado no se corten cabezas. Así, a nadie le preocupa que Tomas Gomez, defienda a su numero dos ante la petición del fiscal de 8 años de inhabilitación por prevaricación. Son una casta distinta. La gente así lo entiende. Y ellos, los políticos, toman notan.